lunes, enero 06, 2014

Mecanismos constitucionales de protección de los derechos fundamentales en la legislación colombiana



"Los Derechos Humanos son un conjunto de principios, de aceptación universal, reconocidos constitucionalmente y garantizados jurídicamente, orientados a asegurar al ser humano su dignidad como persona, en su dimensión individual y social, material y espiritual."

María Paula Herrero

Introducción

Conocemos desde tiempo atrás las reivindicaciones que sobre las libertades individuales ha logrado el hombre.  Alrededor del año 1.730 a. C.  apareció el Código Hamurabi - fundador del primer imperio babilónico, una compilación de 282 artículos que, además de normas referentes a los tribunales, contenía disposiciones sobre la familia y el comercio; igualmente hubo disposiciones griegas y romanas del mismo género, más la única finalidad de las normas de esa época era la de establecer el funcionamiento de la sociedad; aún no se preocupaban de la persona humana como tal.[1] 

Varios siglos después, en el año de 1.598 se firmó el Edicto de Nantes, conocido también como el Edicto de la Tolerancia  - primer intento europeo en la búsqueda de la conquista de las libertades individuales – y que tenía por objeto lograr que coexistieran con los mismos derechos las confesiones católica y la protestante en el seno de los Estados católicos.

Sin embargo, fue sólo hasta la rebelión contra la arbitrariedad de las monarquías absolutas del siglo XVIII en las que habría un nuevo tipo de reivindicaciones de derechos individuales, reconocidos internacionalmente. Este movimiento por las libertades individuales se manifestó de manera precoz y persistente en Inglaterra, prosiguió en la América del Norte - independencia de los Estados Unidos, y se reforzó, durante la Revolución francesa, con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789.

Muchas otras reivindicaciones de libertades individuales hubo tras la Declaración de 1.789 con efectos trasnacionales, que dieron origen a publicaciones de nuevas declaraciones en todo el mundo[2]. Pero la dimensión internacional sólo se alcanzó con la Declaración de Ginebra sobre los derechos del Niño, aprobada en 1924 por la ya creada Sociedad de Naciones.

Los traumas ocasionados durante la II Guerra Mundial aceleraron el proceso del reconocimiento internacional de los derechos del hombre. En efecto, el 26 de junio de 1945, se creó la Organización de las Naciones Unidas con la misión de promover la paz y proteger los derechos del hombre, como mecanismo indispensable para la paz.

Y fue en el seno de las Naciones Unidas que el 10 de diciembre de 1948, en París, que la Asamblea General aprobó la Declaración Universal de Derechos Humanos[3].

Los derechos contenidos en la Declaración y en los Pactos suscritos con posterioridad han desarrollado varios instrumentos jurídicos como la  Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (1965), que declara que toda difusión de ideas basada en la superioridad o el odio racial debe ser castigada por la ley; la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (1979), que dispone las medidas que se deberán tomar para eliminar cualquier forma de discriminación contra las mujeres en lo que se refiere a su vida pública y política, educación, trabajo, salud, matrimonio y familia; y la Convención sobre los Derechos del Niño (1989), que lista las garantías necesarias para favorecer los derechos fundamentales del niño. 

Los Derechos fundamentales en Colombia

El Título II de la Carta Política – de los derechos, las garantías y los deberes, se encuentra dividido en cinco capítulos a saber: el primero, sobre los derechos fundamentales; el segundo, sobre los derechos sociales, económicos y culturales; el tercero, sobre los derechos colectivos y del ambiente; el cuarto, sobre la protección y aplicación de los derechos; y el quinto y último, sobre los deberes y obligaciones.

Para Manuel José Cepeda, la Constitución de 1886 se limitaba a establecer algunas libertades y garantías sociales, concebidas como prerrogativas otorgadas a los individuos por el Estado, sin respaldarlas en mecanismos especiales y directos para hacer efectiva su protección.  Pero, ésta, a la vez, concedía amplios poderes a las autoridades para restringir derechos en función del orden público. Por el contrario, la Constitución de 1991 introduce una generosa Carta de Derechos, donde el cambio más significativo es el reconocimiento de que los derechos no son declaraciones filosóficas sino poderes reales en cabeza del individuo. [4]

La Asamblea Nacional Constituyente de 1991 consagró los “derechos fundamentales” dentro del Título II, Capítulo 1, e igualmente, el artículo 44 eleva a la categoría de fundamentales a los derechos de los niños. Aún así, existen algunos derechos que aunque no están expresamente identificados en la Carta, son inherentes a la persona humana y se respaldan en el artículo 94 de la Constitución Política y con los Tratados internacionales que sobre el tema Colombia ha ratificado. 

De ésta manera,  el artículo 94 de la Carta dice "la enumeración de los derechos y garantías contenidos en la constitución y en los convenios internacionales vigentes, no debe entenderse como negación de otros que, siendo inherentes a la persona humana, no figuren expresamente en ellos".
Además, el artículo 93 expresa que “los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, y que reconocen los derechos  humanos y prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia”

Instrumentos de Protección en la Constitución Política Colombiana

En el ordenamiento jurídico colombiano se identifican varios instrumentos para proteger los derechos fundamentales constitucionales.  Dentro del Capítulo 4 del Título II – de la protección y aplicación de los derechos, se encuentran los mecanismos e instrumentos constitucionales que sirven de garantía para la protección de los derechos fundamentales establecidos en la Carta Política.

Aunque el artículo 85 de la C. P. establece cuáles son los derechos fundamentales  de aplicación inmediata, y por ende, protegidos por la Acción de Tutela y demás instrumentos de amparo, en la Sentencia T-539/92, la Corte Constitucional manifestó que ya “en diversas oportunidades había considerado que  lo que “caracteriza como fundamental un derecho, no es lugar en donde se encuentre ubicado el artículo que lo consagra, sino su carácter inextricable, es decir, aquello que va unido inseparablemente a la existencia del mismo ser humano”[5].

Así, el derecho a la vida, a la integridad personal, a la igualdad, a la intimidad, al desarrollo de la personalidad, a la libertad, a la libre expresión, a la educación y a la libre determinación, entre otros, puede hacerse valer por los mecanismos de protección introducidos en la Constitución Política.

Son mecanismos de defensa de los derechos humanos en Colombia:

Protección de los derechos fundamentales en un proceso penal En materia penal los derechos de las personas están protegidos por medio de las garantías judiciales como son el derecho de acceder a la administración de justicia - ejercida por una judicatura independiente e imparcial, con competencia en materia penal; el derecho a un debido proceso[6];  y,  el derecho a un recurso rápido, sencillo, y efectivo para la protección de los derechos humanos

Conclusiones

Los derechos fundamentales son aquellos que los  Estados han reconocido a las personas con el fin de salvaguardar su dignidad humana. Estos se basan en los principios generales de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y, le corresponde a cada Estado en particular,  definir los mecanismos por medio de los cuales los  protegerá.

Al hablar de los mecanismos de protección y control de los derechos fundamentales en Colombia nos referimos a una serie de procedimientos puestos en marcha por las instituciones legalmente constituidas para garantizar y controlar el respeto por los derechos humanos, en ausencia de un poder judicial oportuno, como son la acción de tutela, la de cumplimiento, las acciones populares y de grupo, el derecho de petición, el habeas corpus, el habeas data,  y la protección de ésta clase de derechos dentro de los procesos penales.


Bibliografía

Cepeda, Manuel José. "Los derechos fundamentales en la constitución de 1991". Editorial Temis. Consejería Presidencial para el Desarrollo de la Constitución. Santafé de Bogotá, 1992. Página 1.
Herrero, Maria Claudia. "Los derechos fundamentales en Venezuela". Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos. www.derechos.org.ve/que_son/ Fuente Internet Bogotá, octubre 17 de 2001.
Osuna Patiño, Nestor Iván. “Tutela y amparo: derechos protegidos”.  Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 1998. Página 32.
Alianza Mundial Ambiental” . Fuente Internet. Bogotá, 19 de mayo de 2002  http://www.elaw.org/resources/text.asp?ID=788 
Base de Datos Políticos de las Américas” Fuente Internet. Bogotá, 12 de mayo de 2002. http://www.georgetown.edu/pdba/Comp/Derechos/peticion.html
"Por una Carta de Derechos Fundamentales". Carta de los Derechos fundamentales de   la   Unión Europea.  Fuente Internet. Bogotá, octubre 17 de 2001. http://www.wanadoo.es/eventos/derechos_ue/texto.html.  




[1] Los derechos fundamentales:
1. Son innatos o inherentes, porque todas las personas nacen con derechos ya que les pertenece por su condición de seres humanos.
2. Son universales, puesto que no importa si se es mujer, hombre, niño o niñas, ni la raza, el sexo, la cultura o la religión que se practique.
3. Son inalienables e intransferibles; una persona no puede, sin afectar su dignidad, renunciar a sus derechos o negociarlos.
4. Son acumulativos, imprescriptibles o irreversibles, pues una vez reconocidos formalmente los derechos humanos su vigencia no vence nunca.
5. Son inviolables, debido a que nadie puede atentar, lesionar o destruir los derechos humanos. Las leyes dictadas no pueden ser contrarias a éstos y las políticas económicas y sociales que se implementan tampoco.
6. Son obligatorios, ya que imponen una obligación concreta a las personas y al Estado de respetarlos aunque no exista  una ley que así lo diga.
7. Trascienden las fronteras nacionales, pues la comunidad internacional puede intervenir cuando considere que un Estado está violando los derechos humanos de su población.
8. Son indivisibles, interdependientes, complementarios y no jerarquizables, porque todos están relacionados entre sí.
[2] Por ejemplo, en Iberoamérica, la Constitución de los Estados Unidos de México (1917), en Rusia, la Declaración Soviética de los Derechos del Pueblo Trabajador y Explotado (1918) y en Alemania, la Constitución de Weimar (1919).
[3] Esta fue basada en la Declaración francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 y en un complemento de esa declaración elaborado en 1936 por el Congreso Nacional Francés de la Liga de los Derechos humanos. Cuarenta y ocho países aprobaron la Declaración: Afganistán, Argentina, Bélgica, Birmania, Bolivia, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Cuba, China, Dinamarca, Ecuador, Egipto, El Salvador, Estados Unidos de América, Etiopía, Filipinas, Francia, Grecia, Guatemala, Haití, India, Irak, Irán, Islandia, Líbano, Liberia, Luxemburgo, México, Nicaragua, Noruega, Nueva Zelandia, Países Bajos, Pakistán, Panamá, Paraguay, Perú, Reino Unido, República Dominicana, Siam, Siria, Suecia, Turquía, Uruguay, Venezuela. Ocho países decidieron abstenerse: Arabia Saudita, Bielorrusia, Checoslovaquia, Polonia, Ucrania, Unión Soviética, Unión Surafricana y Yugoslavia (dos países estaban ausentes en el momento de la votación).
Ese mismo día, la Asamblea General le pidió a la Comisión de Derechos Humanos que preparara un proyecto de pacto sobre los derechos humanos y que pensara en las medidas necesarias para su puesta en práctica.
[4] Cepeda, Manuel José. "Los derechos fundamentales en la constitución de 1991". Editorial Temis. Consejería Presidencial para el Desarrollo de la Constitución. Santafé de Bogotá, 1992. Página 1.
[5] Corte Constitucional. Sentencia T- 593 del 23 de septiembre de 1. 992.
[6] El derecho al debido proceso en materia penal comprende para todo procesado el derecho a ser asistido gratuitamente por un traductor o intérprete cuando lo necesite;  el derecho a ser informado de la naturaleza y causa de la acusación; el derecho a que se apliquen los principios de legalidad y favorabilidad penal; el derecho a la presunción de inocencia; el derecho de defensa; el derecho a un juicio público y sin dilaciones injustificadas; el derecho a impugnar ante jueces de mayor jerarquía la sentencia condenatoria; y,  el derecho a no ser enjuiciado dos veces por el mismo hecho o por la misma causa.