La Acción de Tutela en la legislación Colombiana

En un artículo anterior publiqué sobre los mecanismos de protección de los derechos humanos en Colombia. En éste nuevo artículo sólo escribiré sobre la "Acción de Tutela".  Otros mecanismos de protección en la legislación colombiana son la "Acción de Cumplimiento" y las "Acciones Populares y de Grupo", el "Derecho de Petición", el "Habeas Corpus" y el "Habeas Data".


LA ACCIÓN DE TUTELA

Consiste en un mecanismo de protección dirigido a un determinado grupo de derechos, los fundamentales, consagrados como de aplicación inmediata en el 85 de la Constitución Política de Colombia.  El artículo 86 de la Carta  consagra a la acción de tutela como el mecanismo de protección inmediata de los derechos fundamentales, para evitar un perjuicio irremediable[1] y puede se interpuesta por la persona afectada, su representante o  un tercero, cuando el interesado no esté en condiciones de hacerlo; el defensor del pueblo y los personeros municipales.

El contenido de la solicitud del amparo a través de la acción de tutela debe, según lo dispuesto por el Decreto Ley 2591/91, indicar el derecho que se considera violado, la autoridad pública o autor del agravio y el nombre y residencia del solicitante.  La solicitud se recibirá sin ninguna formalidad o autenticación, por medio escrito, pero, además, en caso de urgencia, o de un menor de edad, la acción puede ser tomada verbalmente por la autoridad – artículo 14, D 2591/91. 


REGLAS DE PROCEDIMIENTO Y COMPETENCIA


Las reglas de procedimiento por medio de las cuales se desarrolla la acción de tutela se encuentran consagradas en el Decreto Ley 2591/91, que establece un proceso “inspirado por los principios de celeridad y de prevalencia del derecho sustancial, del que conoce cualquier juez o tribunal con jurisdicción en el lugar en que se denuncie la lesión del derecho (artículo 37), y que debe resolverse, por mandato constitucional, en el término de 10 días.” [2]

Según el artículo 32 del Decreto Ley 2591/91 los fallos pueden impugnarse dentro de los tres días siguientes a su notificación, ante el superior jerárquico correspondiente.  Este tendrá de nuevo un plazo de 10 días para revocar o confirmar el fallo; en ambos casos, el juez deberá remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

La Corte,  selecciona los fallos de tutela que habrán de ser revisadas por la Sala designada, y deberá decidir dentro de los 30 días siguientes a la recepción de los mismos.

Otras autoridades involucradas en el instrumento de la acción de tutela son la Procuraduría General de la Nación  a quien le corresponde la guarda y la promoción de los Derechos Humanos - según el artículo 118 de la C. P., y el Defensor del Pueblo, a quien le atañe invocar el derecho del habeas corpus así como interponer acciones de tutela cuando estime que haya violación de un derecho fundamental – artículos 282 y 283 de la C. P. 


MOTIVACIONES DE LA ACCIÓN DE TUTELA


El mecanismo de la acción de tutela se activa cuando por acción u omisión de la autoridad pública se vulnera un derecho reconocido constitucionalmente como fundamental.  Sin embargo, la acción también procede contra un particular cuando éste preste un servicio público (Conc. 364 C. P.), cuando con una conducta grave afecte el interés público y por último, cuando el que busca el ampara se halle en un estado de subordinación o indefensión. Además, tal y como se manifestó anteriormente, los derechos de los niños (artículo 44 C. P.) también están amparados por la acción de tutela.

La acción de tutela sólo procede cuando el afectado no disponga de otro mecanismo de defensa judicial. Así, ante la vulneración de un derecho fundamental, la persona legitimada para solicitar su protección debe acudir al  cause procesal para dirimir el conflicto, y sólo en cuanto no exista acción para defender su derecho podrá acudir a la acción de tutela, que se surte mediante un trámite breve y sencillo[3].

No son motivaciones para interponer la acción de tutela: cuando se haya abierto una investigación o averiguación administrativa o  para hacer respetar  derechos de rango legal o para hacer cumplir las leyes o  cuando existan otros recursos judiciales o  cuando se pueda invocar el habeas corpus o cuando sea evidente que la violación del derecho originó un daño consumado, salvo cuando la violación del derecho continúe.

Sin embargo, existe una modalidad de acción de tutela que no requiere  análisis previo sobre otras vías judiciales, y es la denominada tutela transitoria, que tiene lugar, según el artículo 86 de la Constitución,  cuando se intenta  evitar un “perjuicio irremediable”. 

De esta manera, el artículo 8 del Decreto 2591/91 le da facultad al juez para decidir sobre la materia de la demanda, y señala que el afectado deberá ejercer la acción correspondiente ante la autoridad judicial competente, en un plazo máximo de cuatro meses, a partir del fallo de tutela.  Es decir, el fallo de tutela del juez permanecerá vigente sólo durante el término que la autoridad judicial competente demora para decidir de fondo sobre la acción instaurada por el demandante. Pero, si el afectado no ejerce la acción necesaria ante la autoridad  judicial competente, dentro de los cuatro meses siguientes al fallo, cesarán los efectos que la Tutela le otorgó como garantía.  


EFECTOS DE LA ACCIÓN DE TUTELA

La acción de tutela es conocida como el instrumento más rápido para hacer valer un derecho, y los jueces deben resolver en los próximos 10 días siguientes a aquel en que se interpuso la mencionada acción.

La sentencia producto de un proceso de tutela tiene como efecto el ordenar el inmediato cumplimiento para que el demandado, haga o se abstenga de hacer aquello por lo que fue requerido.

En las sentencias de carácter transitorio – para evitar un perjuicio irremediable -,  los fallos del juez permanecerán vigentes hasta que la autoridad judicial competente decida de fondo sobre la acción instaurada por el demandante.


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[1] El irremediable perjuicio es cuando una persona sólo puede ser reparada en su integridad mediante una indemnización.
[2] Osuna Patiño, Nestor Ivan. “Tutela y amparo: derechos protegidos”.  Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 1998. Página 32.
[3] Ibid. Página 44.

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