El Derecho de Petición en la Legislación Colombiana

En un artículo anterior publiqué sobre los mecanismos de protección de los derechos humanos en Colombia. En éste nuevo artículo escribiré sólo sobre el "Derecho de Petición"[1] . Otros mecanismos de protección son la "Acción de Tutela", la "Acción de Cumplimiento", las "Acciones Populares y de Grupo", el "Habeas Corpus" y el "Habeas Data".


EL DERECHO DE PETICION

El artículo 23 de la C. P. establece que “toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales”; así mismo, el artículo 92 de la C. P. manifiesta que “cualquier persona natural o jurídica podrá solicitar de la autoridad competente la aplicación de las sanciones penales o disciplinarias derivadas de la conducta de las autoridades públicas”.

En Colombia tienen derecho a presentar peticiones todas las personas, sean nacionales o extranjeras, adultas o menores de edad, letradas o analfabetas. Sin embargo, a los militares y policías esta constitucionalmente prohibido formular como tales, ante las autoridades de la fuerza pública, peticiones que no se relacionen con el servicio y la moralidad del cuerpo respectivo.  Lo anterior no impide a militares y policías ejercer libremente el derecho de petición en otros ámbitos y materias, pues todos ellos también son titulares de ese derecho fundamental.


REGLAS DE PROCEDIMIENTO Y COMPETENCIA 


El derecho de petición es un derecho fundamental protegido por la Constitución Política   en el artículo 23 de la C. P.  Igualmente, el artículo 86 de la Carta lo consagra como un derecho de aplicación inmediata. Cuando por acción u omisión las autoridades vulneran o amenazan el derecho constitucional de petición, la persona afectada puede ejercer el mecanismo de la acción de tutela para reclamar de los jueces la protección inmediata del derecho violado.

Se encuentra regulado en las leyes 12 de 1991 – artículo 10; las leyes 65 y 99 de 1993; y las leyes 107 y 152 de 1994.  Por regla general las autoridades tienen 15 días para contestar quejas, reclamos y manifestaciones, 10 días para contestar peticiones de información y 30 días para contestar consultas. Los anteriores plazos son los máximos, pues todo servidor público tiene el deber de actuar frente a las peticiones con celeridad y eficacia.


MOTIVACIONES DEL DERECHO DE PETICION


Las peticiones pueden presentarse para que por motivos de interés general o particular las autoridades inicien la correspondiente actuación administrativa;   para que las autoridades permitan el acceso a la información sobre las acciones por ellas desarrolladas; para que  las autoridades permitan conocer documentos no reservados u obtener copias de los mismos; y,  para que  se den por las autoridades dictámenes o conceptos sobre asuntos de su competencia.

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[1] Las peticiones se denominan quejas, cuando ponen en conocimiento de las autoridades conductas irregulares de empleados oficiales o de particulares a quienes se ha atribuido o adjudicado la presentación de un servicio público; reclamos, cuando dan a las autoridades noticia de la suspensión injustificada o de la prestación deficiente de un servicio público; manifestaciones, cuando hacen llegar a las autoridades la opinión del peticionario sobre una materia sometida a actuación administrativa; peticiones de información, cuando se formulan a las autoridades para que éstas, den a conocer cómo han actuado en un caso concreto, permitan el examen de documentos públicos que tiene en su poder o expidan copia de documentos que reposan en una oficina pública; y, consultas, cuando se presentan a las autoridades para que manifiesten su parecer sobre materias relacionadas con sus atribuciones.

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