Colombia: la administración de justicia en un país multidiverso


Imagen tomada de http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n2892321.htm


Hace unos días publiqué una caracterización de los grupos étnicos legalmente reconocidos en Colombia. Gracias a la Fundación Acua, una entidad sin ánimo de lucro que apoya el reconocimiento de los derechos de las comunidades étnicas, especialmente la de afrodescendientes, he tenido la oportunidad de conocer las problemáticas que surgen cuando existen distintas maneras de ver el mundo, ya no sólo desde la óptica religiosa, sino de la vida en comunidad y la manera de administrar justicia de acuerdo con su cosmovisión. 

En Colombia no sólo hay blancos. Aquí predomina el mestizaje. Y luego afrocolombianos, palenqueros y raizales, indígenas y gitanos. Cada uno con su propio código de conducta. 

Aquí les comparto otro poco de lo que he aprendido en los últimos días.

Leyes y regulaciones del orden nacional, regional y local  

En el Congreso de la República se generan leyes que deben ser reglamentadas mediante normas de menor jerarquía que expiden los ministerios y otras entidades del orden Nacional, o las asambleas departamentales o concejos municipales, según sea el caso. Esas leyes, normas, regulaciones, decretos, ordenanzas, acuerdos y resoluciones, entre otros, son de obligatorio cumplimiento en todo el territorio nacional

Aunque la Constitución Política de Colombia y las leyes han reconocido derechos a los grupos étnicos colombianos, a su vez la generalidad de las normas y regulaciones normativas pone en peligro la identidad cultural de los grupos étnicos en temas conexos como son, por ejemplo, la implantación de  modelos educativos  sin tener en cuenta la cosmovisión étnica; los esquemas rígidos de participación ciudadana y de organización política; las políticas de salud que van en contra de sus saberes tradicionales, la política nacional agropecuaria y en materia de pesca; y, la sub valoración económica y financiera  de territorios ambientales estratégicos, entre otros.

Sumado a lo anterior, es clara la necesidad de coordinar la duplicidad de jurisdicciones -Nacional y étnica- a la hora de administrar de justicia y de reconocer la organización jerárquica política y social, de los grupos étnicos.

Además de las leyes y normas colombianas específicas sobre los grupos étnicos, existen regulaciones internacionales que promueven su fortalecimiento y la protección.  Una de ellas es el Convenio Internacional 169 de la OIT, suscrito por Colombia mediante la Ley 21 de 1991, que trata sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes. Este instrumento de obligatorio cumplimiento para el país, reconoce  derechos de los pueblos indígenas y tribales como son  la autonomía, el territorio, la consulta previa, la salud, la educación y el trabajo. También, consagra la obligación de los Estados de tomar en cuenta y favorecer la conservación de sus costumbres o su derecho consuetudinario y sus instituciones propias (Art. 84), de respetar los métodos a los que los pueblos indígenas recurren tradicionalmente para la represión de los delitos  cometidos por sus miembros (Art. 95) y a tomar en cuenta, cuando se impongan penas, los aspectos sociales y culturales de las personas juzgadas (Art 106).

Generalidades de la administración de justicia de los grupos étnicos en Colombia


Para los grupos étnicos colombianos la justicia abarca dos dimensiones: el derecho propio o consuetudinario  y el derecho positivo o justicia ordinaria que emana del Estado. Ambas son esferas legítimas para el reclamo o restitución de derechos y conforman sistemas jurídicos paralelos. Sin embargo, los grupos étnicos enfrentan dificultades para ejecutar sus propias normas debido a la marginación económica, política y social; a la falta de adecuación de los sistemas legales y jurisdiccionales a sus características lingüísticas y culturales y a la tensión por la forma de resolver los conflictos.

En muchos casos, los funcionarios judiciales del Estado desconocen la jurisdicción y jerarquía étnica para resolver infracciones o conflictos. La Jurisdicción Indígena es la más reconocida de los grupos étnicos de Colombia -Indígenas, Palenqueros, Raizales, Afrocolombianos y Gitanos-, y no les dan traslado de las acciones civiles, de familia y laborales, entre otras, puesto que  para los funcionarios  del Estado el único camino posible en el campo jurídico se encuentra  en el derecho positivo, escrito  y con preexistencias de penas y predeterminación de castigos.

Si bien hoy día se reconocen derechos territoriales y administrativos propios a las comunidades negras, es el grupo étnico de los indígenas el que ha liderado la diferenciación de los sistemas de administración de justicia y del territorio. La legislación indígena es la base de la incorporación y desarrollo de normas propias para la administración de los territorios de las comunidades afrocolombianas. 

La administración de justicia del grupo étnico de los Rom o gitanos, es más complicada aún, pues ellos conviven en entornos urbanos, donde la regla general es el uso del derecho escrito.


Especificidades de los grupos indígenas


El artículo 246 de la Constitución Política de Colombia consagra que “las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a la Constitución y leyes de la República”.

En desarrollo de la Constitución Política de 1991, la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia, incorpora los jueces de paz y la jurisdicción de las comunidades indígenas en la estructura general de la Administración de Justicia, como integrantes de la Rama Judicial. Pero, en Colombia existen 84 pueblos indígenas que comparten elementos comunes y a la vez cada cual cuenta con aspectos característicos de su propia cultura y con sistemas de derecho propio, que les ha permitido durante siglos organizarse y vivir armónicamente la vida en sociedad.

El sistema de justicia indígena es el conjunto de normas y procedimientos, basados en los usos y costumbres que los pueblos indígenas usan para regular sus asuntos internos, como sistema de control social. Este conjunto no sólo se limita a las regulaciones referentes a los asuntos contenciosos (solución de conflictos, aplicación de penas por violación de las reglas), sino que incluye regulaciones relativas al manejo territorial (uso y acceso), espiritual y a asuntos de carácter civil y de regulación de las autoridades, en muchos casos difíciles de separar del conjunto de las prácticas culturales cotidianas de estos grupos. (…) Las autoridades que aplican estas regulaciones pueden ser diferentes (centralizadas, segmentarias o mágico-religiosas) y concomitantes.[i]

Con la Constitución Política de 1991 y con la ampliación del conocimiento de los grupos indígenas y de los jueces de la República sobre la Legislación Indígena; se presentan situaciones que generan conflictos de competencia frente a quién debe juzgar cada caso en especial. En ese sentido, han sido las altas cortes las que han definido algunas reglas para resolverlos. También se presentan conflictos de aplicación de la legislación especial cuando, por ejemplo, se condena a indígenas a pena de prisión[ii] en cárceles no indígenas por no contar con una infraestructura propia, las condenas del Estado colombiano a indígenas por terrorismo, narcotráfico, violación de los derechos humanos[iii] y los procesos de extradición.

De otra parte, existe cooperación entre ambas jurisdicciones, la Nacional y la Indígena, cuando, por ejemplo, las autoridades indígenas solicitan a la policía la detención y conducción de un indígena para determinadas diligencias judiciales.


Especificidades de los grupos  afrocolombianos


La Ley 70 DE 1993 establece los mecanismos para la protección de la identidad cultural y de los derechos de las comunidades negras de Colombia como grupo. Dicha Ley reconoció el derecho a la propiedad colectiva[iv] de las comunidades negras que ocupaban tierras baldías en las zonas rurales ribereñas de los ríos de la Cuenca del Pacífico, de acuerdo con sus prácticas tradicionales de producción.  En la actualidad, las comunidades negras en el Pacífico tienen territorio titulado de 5,3 millones de hectáreas, con 160 Consejos Comunitarios organizados

“La justicia comunitaria afrocolombiana se extiende a todo lo largo de la geografía nacional y transita en pequeños núcleos de activistas urbanos en los que confluyen etnoeducadores, analistas, conferencistas, talleristas, poetas, cantores y canto ras, decimeros, cuenteros, bailarines y bailarinas, propietarios y administrado res de restaurantes, salones de belleza, microempresas y famiempresas, deportistas, activistas políticos, intelectuales, campesinos y profesionales de las más variadas disciplinas. Con esta composición los afrodescendientes le dan forma a un complejo y variado tejido organizativo que se manifiesta en Comisiones Consultivas, unas de concepción mixta, formadas por entidades de gobierno y organizaciones afrocolombianas, y otras autónomas: los Consejos Comunitarios como entidades encargadas de recibir y administrar el territorio ancestral titulado colectivamente y organizaciones urbanas destinadas a cubrir una gama de actividades de carácter étnico, relacionadas con la concertación de acuerdos, la redacción de instrumentos de tipo legal, y la organización de actividades deportivas, culturales y educativas orientadas a fortalecer la identidad étnico -cultural y a crear condiciones para el desarrollo productivo y el fortalecimiento organizativo.  

(…) Este tejido afro involucra cerca de cinco mil organizaciones afro urbanas y campesinas y tiene un radio de influencia de aproximadamente diez millones de habitantes afro, con identidad parental e interparental, sin comunicación sistemática y fluida entre sí, sin una articulación nacional que permita la confluencia en torno suyo de las diferentes expresiones de la organización.
Los tribunales afrodescendientes constituyen la forma que asumen las reuniones de tratamiento de conflictos entre afrocolombianos y son el lugar donde se pone de manifiesto el espíritu de “tonga” —o trabajo en grupo— para superar las tensiones, reparar a los afectados, es decir para buscar la verdad, recuperar la memoria de los hechos y procurar resolver los conflictos preservando el tejido de la comunidad. En estas reuniones se conocen los hechos, se acuerdan las reglas de juego, se elige participativamente a los tratantes de conflictos, se leda curso al diálogo, se protege la identidad cultural y se salva guardan la organización, la familia y el individuo una vez se ha tomado una determinación, pues la justicia afrocolombiana es para atacar en grupo los problemas, no a las personas.[v]””


Especificidades de los grupos ROM


A partir de la Constitución Política de 1991 los integrantes del Pueblo Rom ingresaron con igualdad de derechos a la sociedad mayoritaria bajo el principio del reconocimiento a la diversidad étnica y cultural.

Varias leyes, normas, sentencias y conceptos del estado colombiano le han dado reconocimiento a derechos propios de esta comunidad. La Ley 812 del 26 de junio de 2003 que aprobó el Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006, “Hacia un estado comunitario” puso en marcha mecanismos de reconocimiento de derechos y prácticas consuetudinarias, además de la promoción de programas y proyectos orientados a mejorar sus condiciones de vida.  También, La circular de 1629 del 2 de octubre de la Dirección de Etnias del Ministerio del Interior y de Justicia, obliga a alcaldes y gobernadores  del país a ejecutar acciones especiales de protección a favor de la población del Pueblo Rom. 

Por su parte, el Grupo de Asuntos Étnicos de la Procuraduría General de la Nación conceptuó la obligación de incorporar adecuadamente en los planes de desarrollo municipal y departamental medidas concretas y específicas a favor del Pueblo Rom, tener en cuenta en los planes de ordenamiento territorial las formas de apropiación del espacio que tienen los Rom, desarrollar estrategias para visibilizar los aportes del Pueblo Rom al enriquecimiento de la diversidad étnica, facilitar el ejercicio de las prácticas económicas y productivas tradicionales.

La Resolución 22 del 2 de septiembre de 1999 de la Dirección General de Comunidades Negras y otras Colectividades Étnicas del Ministerio del Interior  reconoció a PROROM como comunidad étnica legalmente organizada y ratificó el deber constitucional del Estado de proteger la diversidad étnica en el país de la cual hace parte el Pueblo Rom.

El Pueblo Rom no se ubica en un territorio específico, ya que son comunidades semi nómadas y forman grupos de tamaño variable conocidas como kumpania, que son unidades comunitarias de residencia y circulación. .La kintala es el equilibrio y el balance en el Pueblo Rom. El indeseable marimé es el estado de impureza en que cae un Rom y que desestructura la kintala y por lo tanto la kumpania. La Kriss Romaní, también conocida como Romaniya, es lo que popularmente se conoce como la “Ley Gitana”. Este sistema organizativo es una jurisdicción especial en normatividad colombiana y elemento de identificación cultural del Pueblo Rom.

A través de la Kriss Romaní los gitanos resuelven, mediante la fuerza de la palabra, los conflictos, tensiones y problemas de toda índole  que involucran a personas y grupos familiares étnicamente Rom. La administración de justicia se lleva a cabo en una Kriss o tribunal conformado por autoridades tradicionales denominadas sere romengue.

La administración de justicia propia del pueblo ROM no es reconocida por los jueces nacionales.




[i] Ariza Santamaría, Rosembert. Coordinación entre sistemas jurídicos nacional e indígena en Colombia.- IIDD. Página 8  http://www.kas.de/wf/doc/kas_5396-1442-4-30.pdf?111216010954
[ii] Existen casos en los que la Justicia Indígena tiene penas más fuertes por determinadas acciones, razón por la que los indígenas juzgados sobre dicha legislación, buscan ser juzgados nuevamente por la justicia del estado colombiano.
[iii] Los derechos humanos nacional e internacionalmente reconocidos constituyen, en el sistema jurídico colombiano, un límite a la Jurisdicción Especial Indígena.
[iv] El territorio colectivo o las zonas de bienes de uso público permiten establecer planes de manejo. Así, éste territorio se administra por un Consejo Comunitario, quien tiene competencia para planificar y ordenar del territorio y el tratar los conflictos. Sus determinaciones se conocen como acuerdos y compromisos
[v]  La justicia afrocolombiana se construye en el reconocimiento de la diversidad. Carlos Rúa Angulo http://www.bdigital.unal.edu.co/1237/32/31CAPI30.pdf Tomado el 5 de noviembre de 2013. 

Entradas más populares de este blog

La "Acción de Cumplimiento" en la legislación colombiana

Mecanismos constitucionales de protección de los derechos fundamentales en la legislación colombiana

El Derecho de Petición en la Legislación Colombiana

El Habeas Corpus en la legislación colombiana

Grupos étnicos en Colombia | Una aproximación