Los servicios públicos domiciliarios como indicadores de desarrollo humano



Colombia se clasifica en el puesto 69 sobre 177 en el índice de desarrollo humano – IDH que publica anualmente el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD.[1] El Índice  se complementa con otros indicadores específicos por temas y regiones.  Por su parte, los  Objetivos de Desarrollo del Milenio – ODM fueron un consenso de los gobiernos para logar un indicador mínimo de desarrollo humano en cada uno de los países que componen el Sistema de las Naciones Unidas. Desde la formulación de los ODM los esquemas de planeación del desarrollo a nivel global y local buscan articularse con ellos, considerándolos como referentes para orientar la acción pública.[2]
En Colombia, el Programa Nacional de Desarrollo Humano del Departamento Nacional de Planeación – DNP monitorea las variables que componen el IDH nacional. El PNUD Colombia compila y verifica las cifras y, en coordinación con las demás oficinas del PNUD en el mundo publican el indicador anual.
Según el estudio sobre el impacto de los servicios públicos domiciliarios en las poblaciones realizado por la Universidad Externado de Colombia, con el apoyo del Pacto Global Colombia y de Andesco, la deficiencia en la provisión de los servicios públicos básicos constituye para millones de personas alrededor del mundo y en Colombia, un factor fundamental de exclusión social. Por ello, la dotación de estos servicios con calidad resulta primordial en la búsqueda del desarrollo humano y la lucha contra la pobreza, y en su gestión y prestación se debe incluir variables de rentabilidad social adicional al de rentabilidad económica.   
En su revisión, la Universidad Externado analizó uno por uno los objetivos de ODM y sus respectivas metas con el fin de identificar cuáles de ellas estaban asociadas a la prestación de los servicios públicos domiciliarios.  Así, los objetivos 4 -  reducir la mortalidad infantil y 6 - Combate del virus  VIH-SIDA, el paludismo y otras enfermedades, están directamente relacionados con las los servicios públicos de saneamiento básico: acceso a agua potable, a  una adecuada disposición de excretas y de residuos sólidos y a una  disposición final y tratamiento seguro de residuos.
En relación con el objetivo 7 – garantizar la sostenibilidad del medio ambiente, la Universidad Externado destacó la importancia de los servicios  públicos e infraestructuras mínimas para su consecución. En efecto, la adecuada cobertura y calidad de los servicios públicos tiene un impacto directo en los indicadores que sirven para hacer el seguimiento y la evaluación de las metas que los componen. Al respecto, las políticas de responsabilidad social de las empresas de servicios públicos en cuanto al uso racional y conservación de los recursos naturales no renovables son fundamentales.  
Desde 2006 el indicador del IDH elaborado por el  PNUD se centró  en la disponibilidad mundial de agua. Para  PNUD,  mientras los habitantes de las regiones más deprimidas no tengan acceso al agua será imposible cumplir los ODM tales como la erradicación del hambre, la escolarización universal o la reducción de la mortalidad infantil.
La Tierra dispone de recursos hídricos suficientes para cubrir las necesidades de toda su población, pero no están igualmente repartidos y, sobre todo, son muy deficientemente gestionados. La realidad sangrante es que 1.000 millones de personas malviven sin disponer de agua limpia y para otros 2.600 millones la que consumen carece de saneamiento adecuado, siendo esa la segunda causa de las muertes de niños. Eso ocurre fundamentalmente en Asia y África subsahariana, y la otra cara de la moneda la forman los 1.400 millones de personas que disfrutan de una explotación abusiva de este recurso natural. Hay países en vías de desarrollo que no tienen gestión, ni medios, para infraestructuras de extracción y distribución de agua. A juicio de Naciones Unidas, ése debe ser objetivo prioritario de la ayuda al desarrollo, teniendo en cuenta que por cada dólar invertido en este área se generan otros 8 en reducción de costes sanitarios y aumento de productividad.[3]
El objetivo 7 está integrado por tres metas: 9, 10 y 11. La meta 9 es indicadora del uso racional de los recursos y de la proporción de la población que utiliza combustibles sólidos.  Se pretende incorporar de manera global los principios del desarrollo sostenible en políticas y programas concertados de los gobiernos y revertir la pérdida de recursos del medio ambiente. La meta 10 tiene como indicadores el acceso sostenible a fuentes de abastecimiento de agua y el acceso a mejores  servicios de saneamiento. Es evidente que las empresas de servicios públicos pueden afectar de manera positiva estos indicadores a través de su gestión. 
La meta 11 hace referencia al mejoramiento de las condiciones de vida de por lo menos 100 millones de habitantes de tugurios alrededor del mundo. Para el programa Hábitat de Naciones Unidas, “los asentamientos precarios constituyen la manifestación física y espacial del incremento de la pobreza y de la desigualdad en las ciudades”. Una de las características de estos asentamientos es la deficiencia o ausencia de servicios básicos adecuados. En Colombia, se estimaba en 2003, 1.3 millones de hogares se encontraban en asentamientos precarios, de los cuales el 63% presentaba deficiencias de tipo cualitativo, relacionadas con los servicios públicos. En este sentido, a través de programas de normalización de barrios que incluyen la ampliación de la cobertura de los servicios públicos domiciliarios, especialmente agua potable, saneamiento básico y redes de energía, las empresas del sector contribuyen activamente al logro de la meta.[4]
De la misma manera, según el estudio de la Universidad Externado, las empresas de servicios públicos también juegan un papel muy importante en la consecución del Objetivo 8, referente al fomento de una asociación mundial para el desarrollo. Una de sus metas es el establecimiento de formas sólidas de colaboración público-privada  y con las organizaciones de la sociedad civil en pro del desarrollo y de la erradicación de la pobreza. Para la Universidad Externado es evidente que el compromiso del sector de los servicios públicos domiciliarios es fundamental para el éxito de estrategias de desarrollo, especialmente a nivel local, donde las alianzas entre las autoridades públicas, el empresariado y la sociedad civil pueden impactar positivamente los indicadores de desarrollo, si se tiene en cuenta que su prestación está descentralizada en el nivel local.  Así, los aliados naturales de las autoridades locales para la implementación de sus estrategias de desarrollo son las empresas de servicios públicos, por el alto impacto social de su actividad económica. De esta manera, es fundamental la participación activa de las empresas de servicios públicos en la formulación, ejecución y evaluación de los planes de desarrollo municipal y de ordenamiento territorial, así como los diferentes planes maestros de servicios públicos.
Como última reflexión, más de 3.500 millones de personas en el mundo, en su mayoría residentes en zonas rurales, están expuestas a altos niveles de contaminantes atmosféricos en sus casas, razón que llevó al Banco Mundial a designar  la carencia de energía como uno de los cuatro problemas ambientales más críticos de los países en desarrollo. Según Mishra Vinod,  el humo de biomasa contiene componentes nocivos, incluso partículas respirables en suspensión, monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, hidrocarburos  y poliaromáticos, entre otros, y altas exposiciones a esos componentes afectan el sistema respiratorio, los ojos y las respuestas del sistema inmune; también se les vincula con problemas de salud como la tuberculosis, infecciones respiratorias agudas, cáncer del pulmón  y  asma y resultados adversos del embarazo como peso bajo al nacer y mortalidad perinatal. [5]
La sociedad y el sistema económico dispone de diferentes fuentes de energía primaria: del sol (energía solar), del viento (eólica), del agua (hidráulica), de las mareas (mareomotriz), del calor concentrado en el interior de la tierra (geotérmica), de las acumulaciones de combustibles fósiles almacenados en el subsuelo (carbón y petróleo), de la madera y de la biomasa.
Para utilizar la energía tradicional se necesita de centros de transformación como las centrales eléctricas, que pueden ser hidráulicas, térmicas o nucleares; como las refinerías que transforman el petróleo en gasolina y otros subproductos; los centros de tratamiento del gas, las coquerías y otros centros de transformación del carbón mineral y centrales de transformación de energías como la eólica, mareomotriz y geotérmica entre otras. La electricidad y los combustibles líquidos son los tipos de energía secundaria que más se utilizan para el desarrollo socioeconómico de la sociedad.[6]
Los suministros adecuados de energía serán esenciales para que las Naciones del mundo mantengan su expansión industrial y económica. En el mundo en desarrollo, la primera señal de mejoramiento de los estándares de vida es la disponibilidad de electricidad. Inicialmente, ésta puede utilizarse solamente para proveer luz, pero es inmediatamente requerida para encender artefactos electrodomésticos de todo tipo para uso residencial e industrial. Las economías de los países en desarrollo, con su desarrollo industrial y el aumento en los estándares de vida asociados a su modelo de desarrollo, están consumiendo electricidad, a una tasa que aumenta rápidamente.


[1] El IDH es una medida multidimensional y comparada del desarrollo humano de un país que permite medir su progreso en tres aspectos básicos: 1) Vida larga y saludable cuyo principal indicador es el de esperanza de vida al nacer; 2)  Educación, que se mide a través de la tasa de alfabetización de adultos y la tasa bruta combinada de matriculación en los distintos niveles educativos;  y 3) Nivel de vida digno, que se mide a través del PIB per cápita y se compara con el costo de vida. Los tres componentes son a su vez afectados por otros indicadores como la protección de la salud, los sistemas de saneamiento e infraestructura básica, de seguridad pública y de saneamiento ambiental, entre otros. Para mayor información, consultar el capitulo Agenda Internacional RSC en el Sistema de las Naciones Unidas, Primera Parte de éste mismo documento.
[2] Los Objetivos del Milenio son ocho, a cumplir para el año 2015, y se desagregan en 18 metas y 48 indicadores. Estos indicadores están diseñados para que se puedan realizar comparaciones internacionales, así como para hacer posible el seguimiento y evaluación permanente de cada país.
[4] De otra parte, debido al fenómeno de la violencia, el ochenta y cinco por ciento de los municipios de Colombia es generador o receptor de población desplazada de sus zonas  rurales o urbanas. Sumado a la problemática del  desplazamiento los gobiernos locales deben atender las demandas no remuneradas de servicios públicos básicos sanitarios y de energía.
[6] SANCHEZ, JAIRO. Ecología Económica. Tomado de Flujo de materiales y energía en la economía colombiana.  Capítulo 11 del estudio Medio Ambiente en Colombia. Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM. Bogotá, 2001. Página 457.  El documento está disponible en www.ideam.gov.co

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