Los servicios públicos domiciliarios en la Constitución Política y Leyes de Colombia




En la década de los noventa, varios países latinoamericanos redefinieron el papel del Estado en relación con la prestación de los servicios públicos debido a la necesidad de atraer nuevos capitales para la ampliación y modernización de la infraestructura existente, así como también a la existencia de una nueva concepción del Estado que aboga por la reducción de su tamaño y por una mayor importancia del papel del mercado en la asignación de los recursos.   Lo anterior implicó que los antiguos monopolios estatales fueran reemplazados por  estructuras de mercado con participación de capitales privados, en un ambiente de competencia.  De esta manera, los gobiernos reorientaron su participación en los mercados, transfirieron al sector privado las actividades de prestación de los servicios y asumieron el papel de reguladores y vigilantes de las empresas prestadoras de los servicios.[1] 


La reforma al modelo de prestación de los servicios públicos emprendida en Colombia durante los años 90 hizo parte de las reformas de modernización del Estado promovidas en la Constitución de 1991 y  fue clara en determinar que la responsabilidad de asegurar la prestación eficiente de los servicios públicos y de ejercer las tareas de planeación, regulación, control y supervisión le corresponden al sector público, en procura del bienestar general y del mejoramiento de la calidad de vida de la población.[2]  

Las reformas propiciaron la limitación de la participación del Estado  como empresario y lo concentró en la definición de políticas públicas y en la planeación. A partir de entonces, se promovió la gestión eficiente de las empresas mixtas y, además, el sector privado pudo participar como inversionista a través de diferentes mecanismos como las concesiones, privatizaciones, traspaso de activos, prestación directa del servicio, de contratos de administración, operación y mantenimiento o de llave en mano, que han dado agilidad, modernidad y capacidad de acción.[3]  

En efecto la prestación de servicios  públicos domiciliarios en nuestro país tiene la característica muy particular de ser una función inherente a la  propia finalidad del Estado asociada al bienestar general y al mejoramiento de la calidad de vida de la población. De tal manera que el ámbito en el que las empresas desarrollan su actividad y el objetivo de las mismas está por naturaleza y principio asociado a la gente y a sus necesidades y derechos fundamentales. Así, la prestación de los servicios públicos en Colombia está orientada por los principios de la solidaridad, la equidad y la redistribución del ingreso, principios  que se conjugan para que a través de las empresas prestadoras de los servicios se realicen los postulados del estado social de derecho, en particular aquellos de promover la prosperidad general y el servicio a la comunidad. Es preciso entonces advertir que en las empresas de servicios públicos se confunden los fines del Estado con aquellos propios de su actividad.
El actual régimen establece un sistema de regulación y control de los servicios públicos, los mecanismos del mercado, así como de  las condiciones que aseguran la competencia. Igualmente, determina los  procedimientos para establecer los subsidios a los usuarios de bajos ingresos con el fin de generar mayor equidad.[4]

A través de Ley 142 de 1994 el legislador  colombiano organizó en cabeza del Estado el cumplimiento de las funciones de regulación, vigilancia y control de los servicios públicos domiciliarios, en materia de competencias, responsabilidades, cobertura, calidades, financiación y régimen tarifario y, además, en lo relativo a deberes y derechos de los usuarios, y a su participación en la fiscalización  de las empresas prestadoras del servicio.  Para ese efecto se crearon las comisiones de regulación y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, entidades a las que compete, en nombre del Presidente de la República, señalar las políticas generales de administración y control de eficiencia, y ejercer el control, inspección y vigilancia de los servicios públicos domiciliarios.[5]

En el nivel local y en materia de servicios públicos domiciliarios, los distritos y municipios tienen funciones de normalizar y regular los asuntos urbanos y de zonificación para la localización de actividades y uso del espacio público. La Ley 388 de 1997 les ordenó incorporar en los Planes de Ordenamiento Territorial como criterio para señalar qué zonas deben ser objeto de renovación o de expansión, la disponibilidad de redes de servicios públicos.

Al mismo tiempo, la prohibición de asentamientos urbanos por razones de riesgo geológico o para proteger el medio ambiente, impide que legalmente las empresas tiendan redes o atiendan a usuarios en tales áreas. En ese sentido, la legalización de barrios subnormales con programas integrales dirigidos a sitios específicos de un Distrito o Municipio es ante todo una tarea de los Gobiernos Locales.

De otra parte, es responsabilidad de los mandatarios locales estratificar a la población a través de metodologías diseñadas por el Departamento Nacional de Planeación para el sector urbano, y por el legislador, mediante las leyes 505 de 1999 y  732 de 2002, para las áreas rurales. De resto, ni los Alcaldes, ni los Concejos municipales tienen facultades regulatorias sobre los servicios públicos domiciliarios. [6]

En Colombia, es necesario buscar soluciones regionales en donde  varios  entes territoriales puedan adelantar proyectos de desarrollo comunes e integrales que desestimulen la atomización de los recursos, e igualmente, se debe que fortalecer la  capacidad institucional territorial, que permita identificar a los ciudadanos de menores ingresos como beneficiarios de los subsidios  a través de la actualización catastral y la estratificación de la población.   Los municipios no pueden continuar aislados, lejos de programas comunes, sin que se asocien y promuevan su integración. Deben concertar sus planes de desarrollo y de ordenamiento territorial a la vez que priorizar en ellos las necesidades básicas insatisfechas de su población  en materia de cobertura en los diferentes servicios públicos domiciliarios.   

“Es menester mencionar la teoría del servicio público, fundada en la solidaridad social y la prevalencia del interés general, la cual mantiene completa vigencia y justificación en el contexto del Estado Social de Derecho colombiano. Las sensibles diferencias entre los diferentes sectores sociales que determinan el acceso a obtener las prestaciones y facilidades propias de los servicios públicos, hacen necesaria la intervención del Estado, con el fin de garantizar el desarrollo equilibrado de la sociedad. Lo que da vigencia a la teoría del servicio público (…) es la necesidad de que el Estado intervenga en la economía con el fin de garantizar que esos servicios sean prestados en condiciones de eficiencia a la totalidad de los habitantes del territorio nacional (…) disposiciones como las contenidas en los artículos 334 y 365 de la Carta Política, no dejan equivoco alguno en relación con nuestro modelo jurídico  y con el deber de intervención del Estado en los servicios públicos, para garantizar el mejoramiento continuo de la calidad de vida de los ciudadanos, la distribución equitativa de oportunidades y los beneficios del desarrollo. (…) para la teoría del servicio público lo que en realidad importa es que la sociedad pueda acceder al bienestar y ello se puede lograr a través de la prestación de los servicios por el Estado, o a través de empresas mixtas o privadas sometidas a la regulación del Estado”[7].




[1] “Análisis de la evolución de los servicios públicos domiciliarios durante la última década”. Páginas 165-217
[2] El modelo actual de prestación de servicios públicos está definido por las normas e instituciones resultantes del desarrollo y ejecución de las siguientes normas: 1) la Constitución Política de Colombia de 1991, 2) la Ley 142 de 1994: Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones, y 3) la Ley 143 de 1994: Ley Eléctrica – Régimen para la generación, interconexión, transmisión, distribución y comercialización de electricidad en el territorio nacional.
[3] El orden institucional permite la participación de diferentes agentes económicos, ya sean públicos, privados o mixtos, en las diversas actividades del sector y fortalece las funciones del Estado en la regulación, en la vigilancia y control y en la planeación. La actual organización obedece a políticas consignadas en modelos internacionales con fundamento en criterios de eficiencia económica, dentro de un manejo integral eficiente, y sostenible de los recursos, promoviendo el desarrollo de tales fuentes y el uso eficiente y racional de la energía por parte de los usuarios. La intervención del Estado, busca garantizar la calidad, cobertura y disponibilidad de los servicios públicos para asegurar el bienestar general  y el mejoramiento de la calidad  de vida de la población colombiana, en un ambiente de libertad de empresa y de iniciativa privada.  Para mayor información consultar: http://cabildo.com.co/Articulos/servicios_públicos_domiciliarios.htm
[4] Por ejemplo, en el sector eléctrico, según el documento de la UPME: “Estrategia energética integral 2003 –2020”, el 56% de los usuarios residenciales en Colombia pertenecen a los  estratos  1 y 2, quienes consumen el 43% de la energía entregada al sector residencial, de manera tal que las condiciones socioeconómicas de gran parte de la población colombiana exigen mantener un esquema de subsidios directos y cruzados, de forma que los sectores de bajos ingresos no sean excluidos de la prestación del servicio ni sometidos a discriminación.
[5] La Ley 142 de 1994 define como servicios públicos domiciliarios los de acueducto, alcantarillado, aseo, electricidad, gas combustible y telefonía básica conmutada, que incluye  la larga distancia nacional e internacional. Para el servicio de energía eléctrica se expidió como un complemento la Ley 143 de del 12 de julio de 1994.   Otras leyes relevantes son la 286 de 1996 que modificó algunos aspectos de la transición en materia de organización empresarial y en relación con el régimen de subsidios; la 505 de 1999 y la 732 de 2002, sobre estratificación socioeconómica; la 632 de 2000 sobre la transición sobre el régimen de subsidios y modifica parcialmente lo relativo al servicio de aseo; y la 689 de 2001 que modifica algunos aspectos sobre la organización y forma de actuar de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y precisa las relaciones jurídicas de los usuarios con las empresas prestadoras.
[6] CASTRO FORERO, Andrés. “Servicios Públicos Domiciliarios”. http://cabildo.com.co/Articulos/servicios_públicos_domiciliarios.htm
[7] ATEHORTUA RIOS, Carlos Alberto. Servicios públicos domiciliarios: legislación y jurisprudencia. Segunda Edición. Biblioteca Jurídica DIKE. Estudio preparado para Andesco. 2005, páginas 31-33

Entradas más populares de este blog

La "Acción de Cumplimiento" en la legislación colombiana

Mecanismos constitucionales de protección de los derechos fundamentales en la legislación colombiana

El Derecho de Petición en la Legislación Colombiana

El Habeas Corpus en la legislación colombiana

Grupos étnicos en Colombia | Una aproximación