Acceso universal a la energía



En la investigación Desafíos  del  sector  de  la  energía  como  impulsor  del  desarrollo humano llevada a cabo por  Enrique Velo, se cuestiona en qué grado la falta de acceso a fuentes de energía fiables, y económicas, afecta  las oportunidades de las personas para desarrollar una vida digna y saludable como medida del  desarrollo humano, y concluye que basado en el IDH 2004 del PNUD existe una relación directa entre los indicadores bajos de IDH  y el consumo per cápita de energía, y por lo tanto, que el sistema energético global actual es insostenible por tres razones principales: 1) No garantiza la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras, en donde la escasez previsible de fuentes de energía repercutirá sobre la economía global y donde la  lucha por el control de las fuentes primarias y cada vez más escasas generará conflictos geopolíticos; 2) Tiene repercusiones sobre el medio ambiente a escala local y global, con  efectos irreversibles para las generaciones futuras y que  afectan en  las zonas más vulnerables del planeta mediante desastres naturales,  y a las personas más vulnerables  a través de enfermedades causadas, por ejemplo por el  uso tradicional de la biomasa como fuente de energía; 3) No garantiza el acceso universal, limitando el desarrollo humano de una parte importante de la población mundial.[1]


En la medida que se acepta el derecho a una vida digna, larga, saludable y creativa, al acceso a la educación, a la movilidad, a la participación social y a la equidad es obvio que se está reconociendo el derecho de las personas a un acceso a la energía que permita desarrollar  todas estas facetas. Pero la realidad dista mucho de garantizar tales derechos.[2] 
Debido a su carácter esencial, la distribución de energía y la cobertura de las necesidades energéticas mínimas de las personas y de las comunidades, se pueden enfocar también desde la perspectiva de dotación de servicios básicos. Este tipo de infraestructuras económicas están asociadas a una base tecnológica y pueden derivar en una red de suministro de servicios: electricidad, gas o carburantes entre otros. Además, la energía juega un papel clave para garantizar otros servicios básicos en la promoción del desarrollo humano, por ejemplo el acceso al agua y a la salud.

Pero la energía no es sólo electricidad, ni la electricidad garantiza todas las necesidades básicas. Según Enrique Velo, existen ciertos equívocos sobre temas relacionados con el suministro de energía, el acceso a la energía y el uso de la misma. 

Los indicadores de población de las Naciones Unidas demuestran que América Latina y el Caribe es la región en desarrollo más urbanizada del mundo;  tres de cada cuatro habitantes de la región viven en centros urbanos, y más de la mitad lo hace en grandes ciudades cuya población supera el millón de habitantes. Se estima que en el futuro el 80% de crecimiento económico  de la región se generará en los centros urbanos.[3]  

En las últimas décadas, la concentración de población latinoamericana ha generado progreso y desarrollo en las ciudades. Aunque marcado con grandes desigualdades económicas, la urbanización  se acompaña del crecimiento en el ingreso per cápita como resultado de las mejores oportunidades de empleo e ingresos y un mejor acceso a los servicios públicos básicos elevando los estándares de vida de la población urbana, superiores a los de los habitantes rurales de la región que son menos productivos y competitivos.

Según el estudio sobre la gestión de las áreas metropolitanas en América Latina realizado, por la Universidad de Alcalá de Henares y el Departamento de Desarrollo Sostenible del BID, la mayoría de las grandes ciudades latinoamericanas se han expandido más allá de los límites de territorios jurisdiccionales de los municipios de origen, mediante los mercados laborales y de servicios que se extienden sobre varios municipios y, en algunos casos, en ciudades-región.

La estructura interna de las grandes ciudades latinoamericanas ha experimentado cambios significativos, entre los que destacan el desplazamiento de población, industrias y servicios desde la ciudad central a la periferia así como la creación de nuevos centros con dinámica económica y social propias en diversos puntos del vasto territorio urbanizado. El crecimiento periférico suburbano de baja densidad y, muchas veces, discontinuo, extiende el área urbanizada más allá de los límites de los términos municipales, generando un vasto espacio urbano que se caracteriza por una  escasa densidad, que obliga a extender las redes de infraestructura, aumenta los costos del desplazamiento de la población y mercaderías y los costos de producción y mantenimiento de los servicios de utilidad pública[4]   

La  ruptura  de  la  estructura  espacial  tradicional  de  un  centro único y su reemplazo por una organización espacial difusa y con más de un núcleo, ha estado acompañada por el surgimiento de  grandes centros comerciales localizados en la periferia y ligados a las grandes avenidas o carreteras urbanas; los parques tecnológicos o logísticos ubicados en las afueras, que reúnen una serie de empresas atraídas por las facilidades y modernidades que aquéllos ofrecen y por el fácil acceso a las rutas de transporte interregionales; y barrios cerrados, destinados a cumplir la función de zona de residencia o de recreo de los grupos sociales de mayores ingresos. Estas características subrayan la tendencia hacia una ciudad extremadamente segregada y dividida. La metrópoli latinoamericana actual se desarrolla hacia una “ciudad de islas”. [5]

Las ciudades  no pueden absorber la continua y cada vez mayor emigración de las zonas rurales ni proveer de servicios públicos a las comunidades urbanas más pobres que generan presiones a los gobiernos y los proveedores de los servicios públicos quienes deben, además, enfrentar  y resolver la problemática de las conexiones ilegales y por ende, el robo de los servicios; que sumado a las dificultades de cobro son circunstancias que amenazan la sostenibilidad de varias de las empresas que abastecen a las comunidades urbanas más pobres.

La gran mayoría de los gobiernos territoriales latinoamericanos tienen competencias y obligaciones en procura de mejorar la provisión de servicios públicos esenciales e infraestructura básica para aumentar la competitividad y promover el crecimiento económico de las ciudades; desafío que abordan en medio de procesos inconclusos de descentralización administrativa, en donde los gobiernos centrales les han transferido parte de la  responsabilidad de prestar dichos servicios debido al conocimiento que tienen de las necesidades prioritarias y de la capacidad local para la formulación y desarrollo de políticas públicas con la participación de actores del sector privado y de las organizaciones de la sociedad civil de cada territorio. 

Según el documento preparatorio de la Visión Colombia II Centenario Construyendo Ciudades Amables en el caso colombiano la tendencia es notoria.  Mientras en 1950 la población urbana de Colombia era del 39%, para el año 2000 ésta constituía el 73%. Se estima que para el año 2019 el 80% de la población vivirá en los centros urbanos del país en donde se habrán producido transformaciones económicas sociales y ambientales.  Durante los próximos 15 años las ciudades colombianas tendrán una fuerte presión demográfica; la población de las cabeceras municipales se incrementará en  10 millones de habitantes aproximadamente para alcanzar la cifra de 42 millones de habitantes localizados en los centros urbanos colombianos. A partir de la década de 1990 la ciudad de Bogotá tuvo primacía urbana al superar los 5 millones de habitantes en relación con las ciudades Medellín, Cali y Barranquilla, que a para la misma época ya habían agrupado a más de un millón de habitantes. Las llamadas ciudades intermedias, con más de 100 mil habitantes pasaron de ser 6 ciudades en 1950 a 34 en el año 2000. El resto de centros urbanos está conformado por cabeceras municipales de menos de cien mil habitantes, que representan el 96% de ciudades de Colombia pero que sólo concentran el 31% de la población urbana del país. [7]

Humberto Molina considera en su documento Análisis del sistema nacional de ciudades: aportes para una nueva regionalización del territorio colombiano que la concentración urbana en Colombia ya no se hace sólo en las cuatro ciudades más importantes del país, sino en cuatro ejes urbanos en las regiones Andina, Atlántica, Centro-Occidente y Sur Occidente. Allí debe contemplarse la presión demográfica con tendencia ascendente en las periferias metropolitanas, que hace que el crecimiento ya no sea exclusivo de éstas sino que además se integran a una red de ciudades o sistema urbano.[8]

Del diagnostico realizado por el DNP y el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial para la propuesta gubernamental de la Visión 2019, se concluye que el crecimiento de las ciudades colombianas sigue patrones desequilibrados, una visión de pequeña escala, con problemáticas comunes como  el predominio de asentamientos precarios, expansiones no planificadas, despoblamiento de los centros tradicionales,  insuficiencias de espacio público y deterioro ambiental.

Los asentamientos precarios  son considerados causa de pobreza y de desigualdad debido a las bajas coberturas de servicios esenciales como  los servicios públicos,  la salud y  la educación.   En Colombia hay 1,3 millones de hogares que representan al 16% de los hogares urbanos del país con carencias de algún servicio esencial; por ejemplo,  el 63% de los hogares tienen carencias habitacionales de tipo cualitativo como son la falta de saneamiento básico, el hacinamiento, la localización en zonas de alto riesgo y  en unidades no susceptibles de mejorar. 

Gran parte de las ciudades colombianas han sido  desarrolladas de manera informal y sin planeación y por lo tanto tienen dificultades para la provisión de  viviendas y de  infraestructura básica pública y vías de acceso, que tiene  consecuencias económicas, sociales y ambientales que, por un lado, afectan de manera directa a la población de menores ingresos y de otro, acarrean perjuicios para la sociedad en su conjunto, como es el  deterioro de la calidad de vida,  el aumento de la inseguridad, deficiencias y altos costos de los servicios públicos, deterioro ambiental y otros costos asociados y extras del presupuesto público.  


En el 14º encuentro de la Comisión de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas en  mayo de 2006, el Secretario General de las Naciones Unidas hizo un llamamiento a la Comisión para actuar con mayor imaginación en la exploración de los caminos que permitan abastecer a los pobres de energía moderna.  La energía y su provisión de  manera asequible y fiable está en la mira de variados foros y organizaciones internacionales por su importante papel en la lucha contra la pobreza y en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio –ODM, así como por su relevancia en el diseño de un modelo sostenible de desarrollo. Una perspectiva de trabajo transversal, como recomienda el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, implica incorporar a los proyectos de provisión de energía otros objetivos de valor agregado como mejorar la salud de las personas; promover la igualdad y la potenciación de género; facilitar la energía y los medios para la producción de ingresos; y potenciar y generar capacidades.  




[1] VELO GARCÍA, Enrique. Desafíos  del  sector  de  la  energía  como  impulsor  del  desarrollo humanoGrupo de Investigación en Cooperación para el Desarrollo Humano. Barcelona, España.  Cuadernos de Energía. Publicado en Junio de 2006. Página 4. Disponible en:  http://www.cuadernos.tpdh.org/file_upload/05_energia_y_desarrollo.pdf   
[2] Ibíd. Página 5
[3] Según el estudio sobre la gestión de áreas metropolitanas en América Latina realizado, por el Departamento de Desarrollo Sostenible del BID, la estructura de las ciudades latinoamericanas ha experimentado profundos cambios. Mientras que en 1900 no había ninguna ciudad en la región con un millón de habitantes, en el año 2000 existían 50 ciudades de este tamaño (siete veces más que en 1950 y el doble del número que había en 1975). Cuatro de ellas estaban entre las 10 ciudades más grandes del mundo, las megaciudades de São Paulo con 17,5 millones, Ciudad de México (16,7 millones), Buenos Aires (12,6 millones) y Rio de Janeiro (10,6 millones), en tanto que otras tres ciudades de la región (Bogotá, Lima y Santiago de Chile) tienen poblaciones de más de 5 millones y varias superan los 3 millones (como por ejemplo, Belo Horizonte, Salvador de Bahía, Fortaleza, Porto Alegre y Recife en Brasil, Caracas en Venezuela, Santo Domingo en República Dominicana y Monterrey y Guadalajara en México). Existe también un gran número de ciudades de tamaño intermedio (entre 100.000 y un millón de habitantes) que en las últimas décadas muestran un dinamismo demográfico y económico notable. Para mayor información consultar: http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=784462
[4] KLINK, Jeroen. Perspectivas recientes sobre la organización metropolitana. Funciones y gobernabilidad. En: ROJAS, Eduardo; CUADRADO-ROURA, Juan R; FERNÁNDEZ GÜELL, José Miguel. Editores. Gobernar las metrópolis. Universidad de Alcalá de Henares  - Banco Interamericano de Desarrollo. Washington, 2005. Consultado en febrero de 2007. Páginas  170-172
[5] ROJAS, Eduardo; CUADRADO-ROURA, Juan R; FERNÁNDEZ GÜELL, José Miguel. Editores. Gobernar las metrópolis. Universidad de Alcalá de Henares - .      Banco Interamericano de Desarrollo. Washington, 2005. Consultado en febrero de 2007. Página 34  
[6] LEFÈVRE, ChristianGobernabilidad democrática de las áreas metropolitanasEn ROJAS, Eduardo; CUADRADO-ROURA, Juan R; FERNÁNDEZ GÜELL, José Miguel. Editores. Gobernar las metrópolis. Universidad de Alcalá de Henares - .      Banco Interamericano de Desarrollo. Washington, 2005. Consultado en febrero de 2007. Página 216
[7] Construir Ciudades Amables: Visión Colombia II Centenario. Departamento Nacional de Planeación – Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial – Presidencia de la República.  DNP, Bogotá 2006. Página 3-6
[8] Ibíd. Página 8

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